La dirección sólo logra el 62% de los
apoyos, por debajo de los dos tercios necesarios, y abre un futuro incierto
para la sociedad de autores
Los socios de la SGAE rechazaron
este domingo con el 62% de los votos a favor(era necesario más del
66%, dos tercios) los nuevos estatutos de la entidad propuestos por la dirección
encabezada por la soprano Pilar Jurado, una decisión que abre
la puerta a que el Ministerio de Cultura le retire la autorización como entidad
de gestión y a que la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y
Compositores (Cisac) los expulse definitivamente, después de hacerlo
temporalmente el pasado 30 de mayo.
En concreto, la propuesta de
los estatutos aprobada por la junta directiva de la SGAE recibió el apoyo del 62,78%
de los socios (15.502), el rechazo del 36,07% (8.907)
y la abstención del 1,14% (282). Aun así, esos
apoyos recibidos suponen cuatro puntos más que los que consiguió el anterior
presidente de la SGAE, José Angel Hevia, que se quedó en el 58%. Una propuesta
anterior también había sido rechazada, así que los socios decidieron ayer por
tercera vez -la primera vez fue hace un año, bajo la presidencia de José Miguel
Fernández Sastrón- con la ignorar las llamadas de atención del Ministerio de
Cultura y de la Cisac, lo que puede tener unas consecuencias muy importantes,
como la desaparición de la entidad en un caso extremo
.
.
La votación del cuarto punto
del orden del día, el más importante, los nuevos estatutos, se desarrolló en un
clima de gran tensión, con peticiones de voto tanto a favor como en contra de
la propuesta. La asamblea general de ayer era la última oportunidad que tenía
la SGAE para adaptar sus estatutos a los requerimientos (trece en total más un
apercibimiento) del Ministerio de Cultura, que se había hartado de las
largas que le daba la entidad de gestión y había decidido llegar hasta los
tribunales para garantizar el correcto funcionamiento de la entidad. La primera
instancia a la que acudió el departamento de José Guirao fue la Audiencia
Nacional, que sin embargo, rechazó la intervención judicial temporal de la SGAE
y también la solicitud de remoción de sus órganos de representación, alegando
que no era competente. Pero a pesar de este revés, y tras conocer la decisión
de la Audiencia, el Ministerio de Cultura aseguró que no renuncia a la vía de
los tribunales y anunció que explorará "todas las vías legales" en
otras instancias judiciales.
CAMBIOS
Desde septiembre del año pasado, el Gobierno ha efectuado
reiterados requerimientos a la SGAE para que renovase la junta directiva en
unas elecciones con voto electrónico (de manera que también pudieran acudir a
las urnas los socios que no viven en Madrid), para que la entidad adaptase sus
estatutos a la Ley de Propiedad Intelectual y para que procediera al reparto de
los derechos recaudados en 2018 conforme a lo estipulado en la mencionada ley.
En concreto, el plazo dado por el ministerio concluyó el 1 de febrero, y luego
lo siguió un ultimátum de 15 días que tampoco fue atendido. El ministerio
acudió a la Audiencia Nacional, pero su reclamación no fue atendida.
En el exterior, tampoco era
fácil la situación de la SGAE. La Cisac decidió hace apenas tres semanas
excluir a la entidad española durante un año por unas denuncias sobre las
actividades de la entidad que calificó como "motivo
de gran preocupación". La Cisac exigía a la SGAE
"importantes desarrollos técnicos y cambios reglamentarios necesarios para
garantizar el cumplimiento de las reglas profesionales" de las sociedades
que integran la coalición mundial. Aunque la sanción podría levantarse "en
cualquier momento", la decisión tomada por los socios aboca a la SGAE a
ser una paria en el contexto internacional de las entidades de derechos de
autor.
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